La Gaceta

La histórica láctea hoy atraviesa su crisis más grave. Lo que empezó como un reclamo por sueldos atrasados de julio derivó en un conflicto que tiene en vilo a 150 familias y a toda la comunidad de Chivilcoy.

La protesta de los trabajadores, organizados en el sindicato ATILRA, desató una tormenta de acusaciones cruzadas. Desde la empresa —propiedad del grupo venezolano Maralac— señalan que dirigentes gremiales incurrieron en hechos de violencia dentro de la planta: amenazas contra directivos y sus familias, retención de gerentes y hasta la toma de las oficinas administrativas. Aseguran que esa situación impactó de lleno en la producción, que cayó a la mitad: de 4 a 2 millones de litros de leche procesados al mes.

El clima se enrareció aún más con el despido de nueve trabajadores, a quienes la compañía vincula directamente con los incidentes. Para el gremio, en cambio, los despidos no son más que una represalia frente al reclamo de los salarios adeudados. “Se trata de un castigo a quienes se animaron a levantar la voz”, repiten los delegados, negando cualquier acto de violencia.

En el medio, los trabajadores siguen apostados frente a la planta, con la incertidumbre como única certeza. Cada día que pasa, la posibilidad de un acuerdo parece más lejana. El Ministerio de Trabajo intenta acercar posiciones en una mesa de negociación donde también interviene la CGT local, pero hasta ahora no hay avances concretos.

El futuro de la empresa se tiñe de dudas. De un lado, la patronal denuncia violencia y justifica los despidos. Del otro, los trabajadores reclaman lo que consideran un derecho básico: cobrar por el trabajo realizado. Entre esas dos miradas irreconciliables, 150 puestos de trabajo penden de un hilo.

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