El Gobierno dispuso un aumento de hasta 35% en las prestaciones por discapacidad
BUENOS AIRES. – En una medida que busca fortalecer la atención y garantizar la continuidad de los servicios para personas con discapacidad en todo el país, el Gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador de prestaciones, con incrementos que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%, a aplicarse en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025.
La decisión fue adoptada tras una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, del que participan la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, con aval del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Según se informó, la medida fue posible gracias a una partida presupuestaria adicional dispuesta por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de una decisión administrativa que habilitó fondos para afrontar los aumentos previstos en el último trimestre del año.
“Se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”, señalaron desde ANDIS y el Ministerio de Salud.
Contexto y antecedentes
El nuevo ajuste impactará sobre los valores del nomenclador nacional, la referencia oficial para los aranceles que perciben instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los beneficiados se incluyen prestadores de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros rubros esenciales.
El incremento llega con retraso, ya que el último aumento había sido apenas del 0,5% en diciembre de 2024. Esta demora derivó en interrupciones de servicios, cierre de centros de atención y atrasos en los pagos, según denunciaron entidades del sector.
En paralelo, la semana pasada el Ministerio de Salud acató la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, para restablecer 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas. Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que no se restituirán los beneficios a las personas privadas de libertad.
Desde el Poder Ejecutivo, en cambio, defendieron la medida como parte de una política de “normalización y previsibilidad”.
“Estamos ordenando el sistema. Cabe recordar que los mismos que hoy hacen política con este tema fueron quienes en 2023 aumentaron el nomenclador apenas un 93%, frente a una inflación del 211%. Incluso muchas provincias pagan —cuando quieren— la mitad de lo que abona Nación, como ocurre con IOMA en la provincia de Buenos Aires”, señalaron fuentes cercanas a la ANDIS.
El incremento llega días después de las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza obtuvo un amplio triunfo sobre la oposición. Desde el Gobierno destacan que la medida busca dar previsibilidad al sistema y sostener la red de atención a personas con discapacidad, luego de meses de tensión con prestadores y organizaciones sociales.