El conflicto por el manejo del Instituto Obra Médico Asistencial dejó de ser un debate institucional para transformarse en una causa judicial. La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata.
En su escrito, Mazzeo plantea un cuadro crítico y un abanico de presuntos delitos contra la administración pública que incluyen administración fraudulenta, malversación, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y asociación ilícita. Señala que el instituto, responsable de la cobertura médica de cientos de miles de bonaerenses y con un presupuesto superior a los 188 mil millones de pesos anuales, habría sido “capturado” para fines ajenos a su misión sanitaria, generando un deterioro profundo en las prestaciones.
El denunciante afirma que el sistema se encuentra en situación de colapso, con atrasos severos en pagos a prestadores y suspensión de tratamientos sensibles. Menciona interrupciones en terapias oncológicas, trabas en la entrega de prótesis y faltantes de medicamentos para pacientes crónicos, además de reclamos formales de entidades como FEMEBA, FENECON y FREMEBO. En ese contexto, sostiene que existe una vulneración sostenida del derecho a la salud.
Otro punto central de la presentación apunta a la supuesta afiliación compulsiva de trabajadores estatales y municipales, quienes, según Mazzeo, estarían obligados a permanecer en la obra social sin posibilidad de optar por otra cobertura. El concejal lo describe como una forma de presión institucional que afecta la libertad de elección del sistema de salud. También denuncia una posible intermediación privada irregular vinculada a la asociación ACEAPP y a la firma RM Salud, con eventuales conflictos de intereses en el manejo de fondos públicos.
El escrito destaca además la falta de respuesta a pedidos de informes dirigidos a Homero Giles desde la Legislatura bonaerense, lo que, según Mazzeo, agrava la falta de transparencia y compromete la responsabilidad política de Axel Kicillof por no intervenir para corregir presuntas irregularidades dentro de su administración.
La denuncia solicita medidas de alto impacto: congelamiento preventivo de fondos, allanamientos en dependencias oficiales y organizaciones relacionadas, y secuestro de documentación. Mazzeo pidió ser reconocido como querellante para seguir el caso de cerca mientras el expediente avanza en el fuero federal.
El conflicto por IOMA, que desde hace meses viene escalando en reclamos sectoriales y tensión política, ingresa ahora en una etapa clave. La Justicia deberá determinar si las acusaciones tienen sustento y si corresponde impulsar una investigación formal sobre el funcionamiento de la obra social provincial en un momento de fuerte sensibilidad social por el acceso a la salud.