La Corte Suprema dispuso que la justicia de Mercedes investigue si hubo irregularidades en la ejecución del Programa Federal Construcción de Viviendas «Techo Digno» en Chivilcoy.

La Justicia de Mercedes será la encargada de investigar si se produjeron irregularidades en el plan Techo Digno. La denuncia data del 2009.

La Corte Suprema dispuso hoy que la justicia ordinaria del partido bonaerense de Mercedes sea la que investigue si hubo irregularidades en la ejecución del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas «Techo Digno» en la ciudad de Chivilcoy.

El máximo tribunal definió de esa manera la cuestión de competencia que se había suscitado entre el Juzgado Nacional en lo Criminal Federal número 11, con asiento en la Capital Federal, y el de Garantías número 1, de Mercedes, luego de que ambos rechazaran asumir la instrucción de la causa.

En el caso, un denunciante anónimo expuso que hubo hechos que encuadrarían en los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad” en la ejecución del programa para construir las viviendas.

La Corte, en coincidencia con el dictamen del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, al que se remite el fallo, resolvió que el trámite procesal debía continuar en el Juzgado de Garantías número 1 de Mercedes y ordenó el inmediato envío del expediente a ese tribunal.

El programa, creado en abril de 2009, tenía la “finalidad de contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat de los hogares de menores recursos, generando empleo formal y movilizando mercados”.

El dictamen, que data de mediados de 2019, apuntó que para la ejecución de las obras “la Nación les transfiere a las autoridades locales los fondos necesarios para realizarlas bajo ciertas condiciones y se reserva facultades de control y auditoría”.

Además destacó que, “en tanto los fondos transferidos se han incorporado al patrimonio del ente local al que se destinaron, su uso indebido no perjudica de manera directa al Estado nacional”.

Vale recordar que, en 2009 la comuna estuvo conducida por Ariel Franetovich hasta septiembre y luego por Aníbal Pitteli. En ese sentido, la Justicia debe determinar las responsabilidades distritales ya que se trata de un perjuicio local, conforme el fallo del Tribunal Supremo.

«Existe –remarcó- una prioridad de los jueces de provincia para investigar los delitos que pueden haberse cometido en la ejecución de obra pública financiada con fondos incorporados al patrimonio local, sin perjuicio de la intervención que competa a la justicia federal, en el supuesto de que surjan en el curso de la investigación, elementos que permitan dirigir una imputación concreta contra funcionarios nacionales por su participación en el hecho”.

La sentencia de la Corte fue firmada por su presidente, Carlos Rosenkrantz, y los jueces Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.