Una vez más, una seguidilla de siniestros viales con consecuencias fatales en la Ruta Nacional Nº 5 vuelve a generar conmoción social. Detrás de cada uno de estos hechos no hay solo estadísticas: hay vidas que se pierden, familias que quedan atravesadas por el dolor y personas cuyo proyecto vital se ve interrumpido de manera irreversible.
En las últimas semanas se registraron nuevos accidentes graves en distintos tramos del corredor que une Mercedes, Alberti y Chivilcoy. Como ocurre ante cada episodio de esta magnitud, la reacción inmediata es la consternación. Sin embargo, más allá del impacto emocional, resulta necesario abordar estos hechos con una mirada jurídica, técnica y preventiva que permita comprender no solo qué se investiga, sino también por qué estos desenlaces se repiten.
Desde el punto de vista legal, este tipo de siniestros suele encuadrarse inicialmente como homicidio culposo, una figura penal que no implica intención de causar daño, sino la posible existencia de negligencia, imprudencia o impericia en la conducción. La determinación de responsabilidades individuales no es automática ni inmediata: depende de peritajes técnicos complejos que analizan la mecánica del hecho, las velocidades involucradas, las condiciones de visibilidad, el estado de la calzada, la señalización existente y el comportamiento de cada uno de los protagonistas.
Ahora bien, aun cuando pueda existir algún grado de error humano -algo que forma parte de cualquier actividad-, la experiencia en seguridad vial demuestra que el diseño de la infraestructura cumple un rol determinante en el resultado final. Un mismo error puede tener consecuencias muy distintas según el tipo de vía: mientras que en una autovía con calzadas separadas suele traducirse en un susto o un daño material, en una ruta angosta y de doble mano puede derivar en lesiones gravísimas o en la pérdida de una vida.
Es importante remarcar que, tratándose de una ruta de jurisdicción nacional, la administración y el diseño de la vía no dependen de los municipios. Ello no impide, sin embargo, que como sociedad se plantee un debate legítimo sobre las condiciones de seguridad de corredores que presentan tránsito intenso y antecedentes reiterados de siniestros graves.
Desde una perspectiva técnica ampliamente aceptada, se sabe que en rutas de calzada simple uno de los riesgos más elevados es el choque frontal, que estadísticamente se encuentra entre los siniestros más letales. Por este motivo, cuando un corredor registra altos niveles de siniestralidad grave o fatal, una de las primeras medidas que se evalúan a nivel internacional es la separación física de los sentidos de circulación, mediante la conversión en doble calzada o autovía.
No se trata de soluciones mágicas ni inmediatas. Se trata de políticas públicas basadas en evidencia, donde la infraestructura vial se adapta al volumen de tránsito y al historial de siniestros de cada corredor. Este enfoque permite pasar de una lógica meramente reactiva -analizar el accidente una vez ocurrid-— a una verdadera estrategia de prevención.
Este debate tampoco es nuevo. Existen tramos de la Ruta Nacional Nº 5 que han sido proyectados, licitados o ejecutados parcialmente desde hace más de dos décadas, mientras el tránsito ha crecido de manera sostenida. Esta persistencia en el tiempo muestra que el problema excede coyunturas puntuales y plantea la necesidad de una mirada de largo plazo.
Los siniestros viales no son hechos aislados ni producto exclusivo de la fatalidad. Son eventos complejos, donde confluyen factores humanos, técnicos y estructurales. Abordarlos con seriedad implica respetar a las víctimas, permitir que la Justicia investigue con rigor y, al mismo tiempo, sostener un debate responsable sobre cómo reducir riesgos y proteger la vida.
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