Mientras se desarrollan varias tomas de facultades y protestas en reclamo de mayores fondos para las universidades públicas nacionales, el gobierno de Javier Milei insiste en auditar a las unidades académicas, por lo que autorizó a la SIGEN a realizar controles sobre las partidas destinadas a las mismas.
A través de una resolución de la Procuraduría del Tesoro, que comanda Rodolfo Barra, se encomendó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a evaluar los fondos destinados a las unidades académicas.
“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”, indica el texto que lleva la firma del Procurador.
Según el dictamen del funcionario que responde a Milei, “el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521”.
“El artículo 1° de la Constitución Nacional apoya la existencia de mecanismos de control sobre la gestión pública y no puede olvidarse que los objetivos de ética y transparencia constituyen principios generales reconocidos por normas de rango superior a las leyes”, sostiene el escrito que Barra realizó en las últimas horas.
A lo que agrega: “De modo alguno podría interpretarse que el marco normativo veda a la SIGEN a ejercer el control interno, ya que el hecho de que la Ley de Educación Superior prevea expresamente que todas las universidades deben generar mecanismos de auditoría interna, no implica que el organismo no pueda cumplir también ese rol”, concluye el funcionario.
