La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deberán afrontar de manera solidaria el pago de $684.990.350.139,86 en concepto de decomiso.
El máximo tribunal penal rechazó los recursos de las defensas. También ratificó tanto el monto fijado por el Tribunal Oral Federal N.º 2 como la metodología utilizada para su actualización.
Un fallo unánime
La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces de la Sala IV de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. En un fallo de 81 páginas, recordaron que la condena dictada en diciembre de 2022 quedó firme en junio pasado tras la revisión de la Corte Suprema. Esto “clausura cualquier debate sobre la procedencia o extensión del decomiso”.
De ese modo, lo que corresponde ahora es “únicamente su ejecución, con la actualización necesaria para resguardar el valor real de las sumas confiscadas”.
Cálculo y controversia
El decomiso, previsto como pena accesoria en el artículo 23 del Código Penal, se había fijado inicialmente en más de $84.000 millones. Fue actualizado por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema y técnicos del Ministerio Público Fiscal hasta alcanzar casi $685.000 millones.
La defensa de Cristina Kirchner cuestionó la cifra. Propuso un cálculo alternativo que la reducía a $42.494 millones y pidió suspender la ejecución. Argumentó que el método aplicado —basado en el índice de precios al consumidor— era inadecuado. Los mismos planteos fueron acompañados por Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda. Sin embargo, todos fueron rechazados por la Cámara, que consideró que los informes carecían de “sustento suficiente”.
Ejecución patrimonial
Con esta resolución, queda habilitado el juez Jorge Gorini para avanzar en la ejecución patrimonial. El fiscal Diego Luciani ya presentó un listado de bienes a ser afectados: entre ellos, 20 inmuebles de Cristina Kirchner y 89 propiedades de Báez.
Un caso emblemático
El fallo refuerza la condena a seis años de prisión contra la expresidenta por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Marca un paso decisivo en la ejecución de una de las causas de corrupción más resonantes de las últimas décadas en Argentina.
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