Julio De Vido fue condenado a cuatro años de prisión por el caso de la compra de buques de gas natural licuado (GNL) en 2008-2009. Fue acusado de “administración fraudulenta agravada” en perjuicio del Estado.
La acusación sostiene que durante esos años se pagaron sobreprecios y comisiones innecesarias en la importación de GNL. Esto se estima que generó una pérdida para el Estado cercana a 7 mil millones de dólares.
Sin embargo, el monto que el tribunal ordenó que los condenados restituyan es mucho menor: unos US$ 5,523,345 en concepto de reparación del daño.
Además, De Vido y Baratta deberán responder solidariamente por unos US$ 4,791,600, mientras que se les adjudicaron US$ 731,744 a su cuenta personal.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, también condenaron a De Vido y a Baratta a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal los encontró responsables del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
Este fue el quinto juicio que atravesó De Vido y es la tercera condena que suma. La primera fue por la tragedia ferroviaria de Once. Allí, lo condenaron a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en el manejo de los fondos públicos, que luego rebajada a cuatro años.
La segunda condena fue por la compra de trenes a España y Portugal, que no estaban en condiciones de ser utilizados. Allí recibió una pena de ocho años, que después Casación ordenó revisar.
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