El intendente de Luján, Leonardo Boto, desató un fuerte escándalo tras implementar un sistema ilegal de fotomultas que emitía infracciones por un valor de 332 mil pesos cada una. El polémico mecanismo afectó gravemente a los habitantes de la localidad de Jáuregui, al punto de que algunos vecinos acumularon más de 140 multas, alcanzando deudas millonarias que superan ampliamente el valor comercial de sus propios vehículos.
La controversia se originó por la instalación de una cámara de control en la avenida 25 de Mayo, la cual fue catalogada arbitrariamente como «calle» por el municipio para fijar el límite de velocidad en 40 km/h. Este procedimiento violó la normativa de Tránsito de la provincia de Buenos Aires, la cual establece que el piso mínimo de velocidad permitido para labrar este tipo de infracciones en avenidas es de 60 km/h, dejando en evidencia la ilegalidad de la medida.
Ante la masiva indignación generalizada y las protestas de los damnificados, el jefe municipal se vio obligado a intervenir para frenar el conflicto. Para justificar la situación, Boto argumentó ante la prensa local que el dispositivo «estaba funcionando mal» y ordenó el retiro inmediato de la cámara con el fin de apaciguar el reclamo de la comunidad.
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