Entre ellos destacan:

• Un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor “asistió acompañado de un abogado”.
• Había beneficiarios -no se especifica la cantidad- que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso y adujeron que recibieron la prensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”. Alguno de ellos también estaba acompañado por un abogado.
• En otro caso, en vez del beneficiario a la auditoría, llego su hijo. Cuando se le preguntó por el titular del beneficio, reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobra la pensión.
• Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado. Intentó convencer a los auditores que por un “error” se habían traspapelado los nombres.
• Dos personas beneficiadas cumplían condena desde antes de haber recibido el beneficio. Una de ellas asistió a la auditoría a pesar de estar “cumpliendo arresto domiciliario” y sin haber avisado a las autoridades judiciales. En el segundo caso, se presentó un familiar porque estaba cumpliendo condena en un penal. Ambos recibieron el beneficio de manera exprés en 13 días. Fue otorgado pocos días antes del 10 de diciembre de 2023.

“Los primeros resultados de las auditorías de pensiones por invalidez laboral están revelando inconsistencias alarmantes en el otorgamiento de las mismas durante las gestiones anteriores”, le anticipó a este medio el titular de la ANDIS, y explicó: “La falta de localización de un alto porcentaje de pensionados y de casos con numerosas incompatibilidades son las principales pruebas del fraude que representaría un desvío de fondos estimados entre $1.200 y $2.000 millones de dólares al año”. Spagnuolo también agregó que “las auditorías continúan, y los resultados serán informados a la Fiscalía que lleva la causa penal en trámite”.

Se refiere a la denuncia que realizó el fiscal Guillermo Marijuan y que instruye su colega Gerardo Pollicita. Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015, es decir los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, opinan desde la ANDIS. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la cifra se mantuvo constante, pero en la presidencia de Alberto Fernández, la cifra de beneficiarios volvió a ascender hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023, entre las personas que accedieron a esa pensión fueron presos que no tenían ninguna discapacidad.

“Resultados inquietantes”

Según la descripción realizada por los funcionarios de la ANDIS, “los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires son inquietantes”. Del corte de los 10.000 beneficiarios contactados, el 33% “no pudo ser localizado en los domicilios indicados”, un hecho que, según se lee en las planillas, “plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”. La falta de contacto con muchos de estos beneficiados con pensiones no contributivas por discapacidad laboral obligará a las autoridades nacionales a “una segunda citación a través de diversos medios, incluyendo cartas documento y correos electrónicos”.

La revisión de los expedientes y el chequeo de cada caso personal realizados con los peritos médicos arrojaron como resultado que “muchos de ellos presentan incompatibilidades que podrían invalidar su derecho a recibir estas pensiones”. De los pensionados auditados hasta ahora, el 57% “no cumple con los requisitos establecidos”. Es decir, de los 9.336 beneficiarios seleccionados al azar para ser auditados, solo 1.063, apenas el 17%, tuvieron un “resultado positivo”. Por ejemplo, el certificado médico a través del cual se había iniciado el trámite para obtener el beneficio, era compatible con su dolencia, entre otros aspectos.

En tanto, en la primera ronda de auditorías en la provincia de Buenos Aires, se citaron 900 pensionados que viven en la ciudad de Mar del Plata. De ellos, 180, esto es un 21%, no pudieron ser localizados. De los 720 notificados, solo 462 asistieron, y de estos, apenas el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa. El 80% restante no cumple con los requisitos como tener una discapacidad, o no tener un empleo. De ese total, el 13% “carece de la documentación necesaria”.