
La investigación judicial por el caso de Julio “Chocolate” Rigau está a un paso del juicio oral pero sigue arrojando sorpresas. En un dictamen de más de 450 páginas, al que tuvo acceso Infobae, la fiscal Betina Lacki destacó que varios de los “ñoquis” de la Legislatura tenían otros trabajos en paralelo, lo que confirmaría su complicidad con la maniobra. Otros, en cambio, vivían muy lejos de su lugar de trabajo: hay una “empleada” que residía en España y otra con domicilio en Chivilcoy, a 220 kilómetros de la Cámara de Diputados bonaerense.
Si no hay sorpresas, además de Rigau irán a juicio el ex subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini, su hijo, el ex concejal platense Facundo Albini,ylos dueños de las tarjetas que tenía el puntero del PJ cuando fue detenido in fraganti. La Fiscalía destacó que todos ellos se beneficiaron con la maniobra, aunque el dinero de sus sueldos quedaba en manos de los Albini, porque obtenían una obra social y una jubilación. “No puede sostenerse que fue la necesidad lo que impulsó su participación delictiva, porque no se trataba de obtener un trabajo que satisficiera sus necesidades básicas, se trataba de formar parte de una maniobra que les redundara prestaciones sociales y jubilatorias “sin esfuerzo” a costa de la sociedad toda”, opinó la fiscal Lacki.

Para los investigadores, la cabeza de la asociación ilícita fue Claudio Albini, que sigue detenido junto a su hijo. En la causa se comprobó que tenía encuentros con Rigau antes y después de las “giras de recaudación”, aunque nunca aparecieron mensajes de WhatsApp entre ambos. También se determinó que recibió varias de las tarjetas y que tenía la posibilidad de otorgar contratos desde su cargo en el área de Personal.
En el teléfono de “Chocolate” no había mensajes directos con Claudio Albini, pero se encontraron decenas de chats donde aludía al funcionario de la Cámara de Diputados. “Yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio tratar de rendir lo mas temprano posible y llegar por lo menos a las doce”, le escribió Rigau a una mujer agendada como “Carmen” el 28 de julio de 2023. No es el único. “Viejo, buen día, escuchame, si llegas a rendirle temprano a Claudio y lo llegas a ver por el tema del recibo avisame”, le dijo un contacto agendado como “Chispa”.
El hijo de Claudio Albini fue director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de la Legislatura y luego fue concejal en la lista que acompañaba a Julio Alak. Pero su carrera política se terminó con este escándalo.
Al momento de defenderse, Facundo Albini intentó probar que estaba peleado con su padre para intentar desligarse de la maniobra. Para probarlo, planteó que le pidan información al club Estudiante de La Plata. Eso probaría que habían dejado de ir a la cancha juntos. El club contestó que no tenía imágenes almacenadas y solo aportó las constancias de ingreso mediante la utilización de código QR. Para la fiscal, no eran suficientes para probar un supuesto distanciamiento.
La fiscal Lacki fue muy crítica con las autoridades de la Cámara de Diputados, que colaboraron a cuenta gotas con la Justicia, y con el resultado de la auditoría interna que se sumó a la causa un año y medio después del escándalo. Ese informe determinó que no hubo perjuicio al Estado provincial pero impulsó una “normalización” de los empleados involucrados en la maniobra.
Uno de los casos más irregulares involucra a María Eugenia Rodríguez, quien estuvo contratada por la Legislatura bonaerense entre mayo y octubre de 2023. La Justicia comprobó que durante esos meses vivía en España. Insólito.
Cuando fue detenido, en septiembre de 2023, Rigau tenía la tarjeta de débito de Rodriguez, entre otras personas. Pese al escándalo, la Cámara de Diputados rescindió el contrato de esa mujer el 31 de octubre de ese año, sin hacer mención a las irregularidades que habías detrás.
Otro caso llamativo fue el de María Amanda Albino, quien declaró un domicilio en la calle 55 de La Plata, pero se terminó confirmando que de lunes a viernes vivía en la ciudad de Chivilcoy, a 220 kilómetros de la Legislatura. “La inconsistencia y contradicciones de la situación de Albino es solo uno de los ejemplos de la “informalidad” de las contrataciones de los agentes involucrados en las maniobras investigadas, donde la investigación preliminar de la Cámara de Diputados no ha reparado ni siquiera efectuado un comentario al respecto”, cuestionó la fiscal.
La “normalización” que inició la Cámara de Diputados provocó además el despido de al menos 15 “empleados”. Muchos de ellos declararon ante la Justicia y confirmaron que tenían otros trabajos: Álvaro Agra dijo ser empleado de un comercio de Tigre, Ernesto Fabián Crivaro manifestó ser empleado de Buenos Aires Zona Franca La Plata, Maria Cecilia D’Ovidio refirió tener una panadería, y José Alberto Da Ponte dijo que trabajaba en un comercio de lotería.
En el listado de casos irregulares aparecen dos de los hijos de Rigau: Gerardo Roman (trabajaba en el hipermercado Chango Más) y Maximiliano Gastón (empleado de una distribuidora de aguas y gaseosas). También había un huevero, un albañil, y hasta una ama de casa.
Lo que sí se determinó fue que la maniobra que tuvo a “Chocolate” como la cara visible significó un perjuicio a la provincia de Buenos Aires de más de 800 millones de pesos. También se estableció que el fraude comenzó en 2022, cuando Albini fue nombrado como sub director de Personal. Esa fecha coincidió con la contratación de al menos seis integrantes de la asociación ilícita: Julio Rigau, Ernesto Fabian Crivaro, Raúl Horacio Boragina, Rubén Alberto Mendivil, Maria Amanda Albino, y Rosana Silvia Delgado (ex esposa de Claudio Albini).
A mediados del año pasado se iniciaron otras dos causas: la que investiga una maniobra similar con empleados del Senado provincial, y la que apunta a la malversación de caudales públicos en la Municipalidad de La Plata.
Un año y medio después del escándalo, la causa principal está a un paso del juicio oral. El dictamen de la fiscal Lacki ya está en poder de las querellas, que deberán opinar en los próximos, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. Si no hay sorpresas, la última palabra estará a cargo del juez Guillermo Atencio.