Una estafa vial que persiste en el tiempo>El peaje directo con cabinas de cobro en rutas existentes pagadas con creces con nuestros impuestos y solo para simple mantenimiento implementado en la Provincia de Santa Fe, como así también en Corredores Viales Nacionales y de otras Provincias, representa una estafa y un ejemplo claro de un déficit institucional que afecta el funcionamiento de nuestro País como República, traduciéndose en un perjuicio económico y social de proporciones, no sólo para el sector productivo y los usuarios viales, sino para toda la sociedad en su conjunto, y que por lo tanto se hace imprescindible solucionar definitivamente.El tema se refiere, entre otros problemas e irregularidades, específicamente a las tarifas de peaje aprobadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, para ser cobradas por los Concesionarios a los usuarios de la infraestructura concesionada. Según la Ley Nro. 11.204, tales tarifas no deben superar el valor económico del servicio ofrecido, lo que en el lenguaje común, está representado por el ahorro que el usuario debe recibir en razón de las obras de mejora que el Concesionario está obligado a efectuar sobre la infraestructura en razón de la concesión.Es decir, que el cobro de la tarifa de peaje es una contraprestación por un ahorro real que recibe el usuario, y nunca la tarifa lo debe superar. Desde ya que este ahorro se puede medir, y existen metodologías aceptadas al respecto, todo lo cual significa un conocimiento técnico, disponible a través de profesionales especializados en ingeniería económica de transporte.Conviene tener en claro la importancia de este tema tarifario. En efecto, si la tarifa de peaje no cumple con la Ley vigente, ni con las reglas de arte de la ingeniería económica de transporte, tal cual ocurre desde la implementación del sistema de peaje en la Provincia de Santa Fe, no sólo no hay ningún ahorro excedente para el usuario, sino que no se puede bajar el costo de transporte, y ésta es justamente la función económica fundamental de la obra de mejora vial encargada al Concesionario. Una de las principales funciones del camino es generar riquezas o beneficios económicos para toda la sociedad en su conjunto, fundamentalmente a través de la reducción efectiva en el costo de transporte.La disminución del costo de transporte mediante la mejora permanente de la infraestructura correspondiente, es objetivo irrenunciable de los Países, por el valor que tiene en la promoción económica regional.Lo que sucede en la Provincia de Santa Fe, es que el CONADUV apoyado por expertos en el tema, sostiene con razón que las tarifas aprobadas por el Poder Ejecutivo Provincial no cumple con la Ley, ya que son superiores a los ahorros, y en consecuencia no cumplen con la Ley de peaje vigente ni con las reglas de arte de la ingeniería económica de transporte; por lo tanto no hay ahorros excedentes, no hay disminución del costo de transporte (todo lo contrario, hay incremento), y no hay promoción económica regional.En las condiciones actuales, hay pérdida económica y las tarifas deben ser fundamentadas y corregidas para revertir la situación.Es importante destacar, que el propio ex Secretario de Servicios Públicos de la Provincia, Ing. Edgardo Berli, durante la gestión del ex Gobernador Carlos Reuteman, reconoció públicamente en el año 2000, que no se habían realizados los estudios técnicos correspondientes que fundamentaran las tarifas de peaje que se están cobrando desde el inicio de las concesiones. Es realmente increíble que a pesar de estas afirmaciones hechas por un Funcionario Público de alto rango del Gobierno de Santa Fe, nadie haya tomado las medidas necesarias para en forma inmediata suspender el cobro de peaje que es claramente ilegal.La prueba del hecho observado en la realidad del mercado de transporte, es que al implementarse este falso peaje o impuesto al tránsito y la circulación, los fletes aumentaron en lugar de haber disminuido si las tarifas hubieran cumplido con lo que marca la ley de peaje vigente.Frente a éste reclamo de los usuarios, el Concedente hace oídos sordos y no se toman las medidas para corregir esta grave situación.El Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe y la Legislatura correspondiente, son los que a través de Comisiones Especiales, deben actuar para resolver el problema suscitado, con todas las facultades para asistirse mediante especialistas y realizar aquellas audiencias que permitan conocer las posiciones de todas las partes, y en definitiva proceder a arbitrar de manera de adoptar la solución que, basada en fundamentos técnicos, económicos y legales, pruebe ser la que responde a satisfacer la necesidad y conveniencia pública, es decir, de la comunidad en su conjunto.Para peor, no existen Entes Reguladores que contemplen la participación activa, con voz y voto de los usuarios viales, directos e indirectos. Justamente el tema tarifas se maneja directamente por parte del Poder Concedente. A pesar de los reiterados aumentos de las tarifas de peaje, en ninguna oportunidad se convocó a Audiencia Pública. Cabe señalar que las concesiones viales son un servicio público, confirmado por la propia Suprema Corte de Justicia: “El régimen de concesionarios viales por peaje es un servicio público enmarcado en la relación de consumo de jerarquía constitucional (art.42 C.N.) y ley 24.240 cuya tutela de los consumidores y el usuario alcanza también a los servicios concesionados. El peaje que paga el usuario es el precio de un servicio”Esto es precisamente un inaceptable déficit institucional. El Poder Ejecutivo Santafesino y la Legislatura no actúan como árbitro eficiente en los términos mencionados y cuando la importancia de los reclamos así lo justifique. La consecuencia es que las situaciones planteadas subsisten en el tiempo, y no existe ninguna garantía institucional de diagnóstico cierto de errores y menos de gestión práctica que corrija los mismos.La respectiva Legislatura provincial, constitucionalmente tiene a su cargo dentro del poder republicano, la tarea de control de los actos del Ejecutivo, y más aún, cuando por ejemplo, existen Comisiones de Obras Públicas, de Transporte, de Defensa de Usuarios y Consumidores, Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, entre otros, con el objeto de asegurar que se respete el interés general. El reclamo de los usuarios sobre este problema de las tarifas de peaje y sus perjuicios, cae en su jurisdicción.Desde el CONADUV se hizo la denuncia correspondiente en la Defensoría del Pueblo provincial, a través de la cual se pudo comprobar que efectivamente no existen estudios de beneficio/costo del usuario vial, lo cual confirma lo ilegal del régimen tarifario vigente. Lamentablemente no hay respuesta satisfactoria por parte de dicho Organismo, de manera tal de por lo menos sacar una resolución hacia el Poder Ejecutivo solicitando se suspenda el cobro de peaje hasta tanto se lleven a cabo los estudios técnicos solicitados para cada uno de los corredores viales concesionados.El CONADUV viene exhortando a terminar con este sistema de “falso peaje” solo para simple mantenimiento, implementando un verdadero Proyecto Vial que contemple toda la red caminera de la Provincia, libre de peaje y a través de los métodos adecuados de financiamiento reasignando en forma efectiva los fondos viales que se recaudan. El “peaje directo con cabinas de cobro en ruta” implementado en corredores viales santafesinos es antieconómico e inviable por el bajo caudal de tránsito, que hace que la mayor parte de la recaudación se gaste en las instalación de las garitas y el costo operativo fenomenal de las estaciones de peaje, sin volcarse dinero al camino. Por otra parte es claramente inconstitucional, al no existir caminos alternativos libres de pago, e ilegal ya que las tarifas no cumplen con la ley de peaje vigente.En definitiva, parece que sólo falta coraje, decisión y voluntad política para defender el interés general, y darle fin de una buena vez a este grave déficit institucional y estafa vial que padecemos, asumiendo las tareas que demanda la solución definitiva del problema.Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV)(011) 15-4435-9162Bs. As., Febrero 2018
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