El Gobierno puso en revisión 141 Registros del Automotor de todo el país
El Gobierno puso en revisión 141 registros de todo el país que ya estaban intervenidos, pero hay más de 1500. En las últimas horas se dispuso una tanda de fiscalizaciones digitales en 25 de ellos. Cómo seguirá el operativo y qué pasará con los concursos sospechados. También están en la mira los últimos nombramientos en la Dirección Nacional
“Un Registro tiene 4 empleados e informó $215.000 de artículos de librería en apenas un mes”. Es solo un ejemplo, casi anecdótico, de un sistema que necesita más controles y una revisión profunda de sus números. Tras el DNU y sus promesas sobre la digitalización, el gobierno de Javier Milei puso en revisión un total de 141 registros que ya estaban intervenidos. Se revisarán sus cuentas y luego se decidirá el futuro de cada interventor. “Si son honestos, no van a tener problemas”, advierte un funcionario. Eso es solo el primer paso: el plan apunta a auditar todos los registros intervenidos. En una segunda etapa, también se examinarían los últimos concursos y las designaciones más recientes.
Aunque los números son dinámicos, porque casi a diario hay licencias por enfermedad o muerte, de los 1554 registros que hay en el país, alrededor de un 40% está en manos de interventores. Son designaciones transitorias, que pueden ser revocadas con una sola firma.
La gran mayoría son abogados, contadores o escribanos que deben cumplir una serie de requisitos para acceder a un registro, y hay un porcentaje menor de empleados de la Dirección Nacional que cobran un plus del sueldo y viáticos para viajar al interior.
Ese universo de los registros fue el primer objetivo del gobierno de Milei. El viernes pasado, el subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, firmó una resolución y puso en revisión 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.
“Se encuentran en condición de ser revocados o en su caso nombrar nuevos interventores”, detalla la nota que puso en marcha el proceso. En principio, se utilizarán auditores externos para que no haya vínculos con el mundo registral. Esos auditores revisarán los gastos de cada uno de los registros. Eso incluye desde sueldos hasta alquileres, servicios como luz, gas, agua, insumos de librería, documentación e impuestos. “Queremos ver dónde está la fuga, no hay una caza de brujas”, aclara un funcionario.
En un paso más de la decisión de estrechar el control sobre el funcionamiento de los 1.556 registros automotores del país, el Gobierno dispuso en las últimas horas una tanda de fiscalizaciones digitales en 25 de ellos, ubicados en las provincias de Córdoba, San Luis, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Buenos Aires.
Una variable clave de la fiscalización es la “observancia de stocks”: la recaudación de los registros y el reparto de fondos. Parte de lo recaudado debe ir a Acara, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, como “ente cooperador”, otra va a la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor y otra queda para la o el titular del registro. Cuanto más se factura, pero menos se informa, la “ganancia” es mayor.
Hay allí mucho dinero en juego y, del otro lado del mostrador, personas frustradas no solo por el costo sino también por los tiempos que insumen los trámites, que vuelve a los usuarios más permeables a la demanda de incentivos para acelerarlos.
Los gastos corrientes de los Registros no pasan por ningún control del Estado. No hay informes ni declaraciones juradas. Apenas hay un registro de los empleados que están en blanco y de los formularios y elementos registrales que se compran en la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cooperador que maneja fondos millonarios y que nadie se anima a discutir. “Todos los meses hacemos la liquidación de los emolumentos a la Dirección Nación por los trámites cobrados. Además hacemos una liquidación semanalmente a las provincias por los impuestos” explicó un interventor de la provincia de Buenos Aires.Y agregó: “Si quieren reducir los gastos hay que poner el foco en ACARA, la mayoría de los registros hoy no ganan plata”.
