La actividad en el Senado de la Nación ha quedado virtualmente paralizada debido a la creciente tensión política entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. El enfrentamiento entre ambas referentes oficialistas sumó un nuevo capítulo tras la decisión de la titular de la Cámara Alta de postergar la próxima sesión ordinaria para mediados de julio, alterando la agenda legislativa que el Poder Ejecutivo pretendía acelerar. Esta parálisis del recinto refleja una disputa de fondo por la conducción del bloque oficialista y el manejo de los tiempos parlamentarios.
La controversia se reavivó luego de que Villarruel convocara a una reunión de Labor Parlamentaria para la semana entrante, lo que obligó a retrasar el debate de proyectos clave impulsados por la Casa Rosada, como la denominada Ley Hojarasca y la reforma sobre propiedad privada de tierras rurales. Cerca de Bullrich, quien asumió un rol central en la articulación del Congreso, existía la expectativa de reactivar el dinamismo legislativo de forma inmediata; sin embargo, la decisión de la vicepresidenta alteró los plazos previstos y dejó en evidencia las dificultades para coordinar la estrategia parlamentaria.
A los cruces técnicos por el calendario de sesiones se suman marcados pases de factura políticos en el recinto y en plataformas digitales, donde se cuestionaron mutuamente los roles institucionales y el nivel de compromiso con la plataforma de La Libertad Avanza. Mientras el tratamiento de los pliegos judiciales y las reformas económicas de desregulación quedan en suspenso, la falta de acuerdos internos proyecta una sombra de incertidumbre sobre la capacidad del oficialismo para consolidar mayorías con los sectores dialoguistas en el corto plazo.
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