La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los últimos recursos planteados por la defensa de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez, dejando firme la actualización del decomiso de sus bienes en el marco de la causa «Vialidad». Con esta resolución, firmada por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el monto que los condenados deberán afrontar de manera solidaria se elevó de los 85.000 millones iniciales a un total de 685.000 millones de pesos. El fallo convalida el informe del Cuerpo de Peritos Contadores del máximo tribunal y deshace las impugnaciones de las defensas, que pretendían trasladar el litigio al fuero civil.
A raíz de este dictamen judicial, el Tribunal Oral Federal N.º 2 quedó plenamente habilitado para continuar con el proceso de ejecución patrimonial tendiente a recuperar los activos ilícitos fijados en la sentencia originaria. La medida afecta directamente a un listado de 111 bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los sentenciados, cuyas tasaciones e inspecciones —principalmente en propiedades localizadas en la provincia de Santa Cruz— ya han comenzado como paso previo a sus respectivas subastas públicas. Dado que una fracción considerable del patrimonio de Lázaro Báez ya fue liquidada previamente en el concurso de Austral Construcciones, el foco del recupero fiscal se centrará primordialmente sobre los activos remanentes de la exmandataria.
La causa penal investigó una matriz de corrupción e irregularidades sistemáticas en la concesión de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, orientadas a beneficiar al conglomerado empresarial de Báez en perjuicio de las arcas del Estado. Por estos hechos de administración fraudulenta, Fernández de Kirchner fue condenada a una pena de seis años de prisión —la cual cumple actualmente bajo arresto domiciliario— junto con una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Esta ratificación del máximo tribunal cierra definitivamente los reclamos en torno al alcance económico de la pena e impulsa la ejecución forzosa contra los responsables del perjuicio fiscal.
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