Durante la gestión de Alberto Fernández, las obras sociales sindicales recibieron un total de USD 5.500 millones en reintegros y subsidios
Durante la gestión de Alberto Fernández, las obras sociales sindicales recibieron un total de USD 5.500 millones en reintegros y subsidios, según datos revelados por la Unidad de Datos de Infobae. Estos fondos, provenientes del Fondo Solidario de Redistribución manejado por la Superintendencia de Servicios de Salud, fueron destinados a 291 entidades para compensar tratamientos complejos, medicamentos costosos y prestaciones por discapacidad. Sin embargo, el viernes 1 de marzo comenzó a regir la libre elección para los trabajadores, permitiéndoles seleccionar el prestador de servicios de salud de su preferencia, lo que generó un nuevo frente de conflicto con la CGT.
La medida de libre elección impulsada por el presidente Javier Milei en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, desregula las obras sociales, permitiendo a los beneficiarios derivar sus aportes directamente sin necesidad de intermediarios sindicales. Esto afecta a más de 14 millones de trabajadores y ha provocado tensiones debido a la posible pérdida de aportes de afiliados y la disputa por las millonarias transferencias destinadas a las obras sociales en reintegros y subsidios.
Los datos revelan que durante la gestión de Fernández, se transfirieron USD 5.472 millones a través de diferentes conceptos, incluyendo reintegros por discapacidad, el Sistema Único de Reintegros (SUR) y varios subsidios destinados a cubrir el Plan Médico Obligatorio. Sin embargo, la Superintendencia de Servicios de Salud ha enfrentado críticas por deficientes controles, con auditorías pendientes y conclusiones que evidencian debilidades en su funcionamiento interno.
La llegada del nuevo gobierno ha generado cambios en la gestión de la Superintendencia, con el nombramiento de nuevos superintendentes y la promoción de la libre elección en las obras sociales. Esto ha generado preocupación sobre la transparencia del sistema y la protección de los derechos de los afiliados, especialmente en relación con la atención de la salud en hospitales públicos y el financiamiento de las obras sociales.
