A casi tres meses de su inicio, el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona ha entrado en su tramo final con revelaciones determinantes. Durante la audiencia número 25, Vanesa Morla, asistente del exdirector técnico, arrojó luz sobre una de las mayores incógnitas del caso al asegurar ante los jueces que fue el propio Maradona quien eligió la propiedad ubicada en el barrio San Andrés de Benavídez, en el partido de Tigre, donde finalmente falleció el 25 de noviembre de 2020.
La elección de dicha vivienda ha sido uno de los puntos más debatidos en el proceso judicial, debido a que diversos testigos la calificaron como «un desastre» que no contaba con la aparatología médica ni la infraestructura necesaria para una internación domiciliaria. El entorno del Diez optó por esa locación para que estuviera cerca de su hija Gianinna, y aunque solo había cuatro opciones disponibles de entrega inmediata, Morla testificó que el astro del fútbol dio el visto bueno definitivo tras revisar el inmueble mediante una videollamada con la inmobiliaria.
Por otra parte, la declaración de la testigo expuso las profundas contradicciones y la falta de comunicación entre el entorno cercano de Maradona y sus hijas. Mientras Morla afirmó que Diego sabía perfectamente que se mudaría a una vivienda con asistencia de enfermeros, salieron a la luz chats en los que su esposo, Maximiliano Pomargo, les aseguraba a Dalma y Gianinna que la casa era «ideal» y contaría con una habitación en suite en la planta baja para que el exfutbolista estuviera «como un rey».
Sin embargo, el juicio ha dejado demostrado que esas promesas de comodidad eran falsas y que las hijas nunca supieron las condiciones reales de la vivienda. En lugar de un cuarto con baño privado adaptado para su movilidad reducida, Maradona terminó pasando sus últimos días en un playroom acondicionado a las apuradas en la planta baja, donde no tenía un baño con ducha cerca y debía higienizarse con un duchador, totalmente alejado de las condiciones médicas obligatorias que la fiscalía imputa a los siete trabajadores de la salud procesados.
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