Apenas veinticuatro horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la multimillonaria actualización del decomiso en la causa Vialidad, la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez apelaron a recursos de queja para intentar bloquear y dilatar el remate inminente de sus bienes y patrimonios.
El máximo tribunal del país, con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los planteos de nulidad introducidos por los principales condenados en la causa por administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz. Al hacerlo, ratificó de forma definitiva que el monto original a restituir por los perjuicios ocasionados al Estado —que inicialmente se había fijado en cerca de 85.000 millones de pesos— ascendiera a la cifra actualizada de $684.990.350.139,86, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.
Ante la inminencia de la ejecución de la sentencia, que habilita la subasta, venta o cesión de los activos identificados por la Justicia, el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, formalizó una oposición contra el fallo previo de la Cámara de Casación que convalidaba el procedimiento. Con esta estrategia, la defensa busca una última instancia de revisión que paralice las acciones patrimoniales directas.
Si la ejecución avanza, Cristina Kirchner enfrenta la pérdida de alrededor de una veintena de propiedades de alto valor. Entre ellas se encuentra el icónico hotel Alto Calafate (controlado a través de Hotesur S.A.), residencias en Río Gallegos y El Calafate, y el departamento de San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la medida alcanza los casi 5 millones de dólares remanentes en las cajas de seguridad a nombre de su hija, Florencia Kirchner. La defensa alega férreamente que no existen elementos probatorios que vinculen los patrimonios de Máximo y Florencia Kirchner con los delitos investigados.
La ofensiva judicial de los condenados coincide además con las pretensiones de la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo especializado ha realizado su propia presentación para requerir que todos los bienes decomisados bajo la figura de lavado de activos queden formalmente bajo su órbita y administración, sumando una nueva variable a la disputa por el destino de los fondos.
Aunque el expediente ha regresado a los despachos del palacio de Tribunales, fuentes judiciales recuerdan que los recursos de queja habitualmente carecen de efectos suspensivos sobre el dictamen principal. De este modo, y a pesar de la ausencia de plazos estrictos para que los magistrados resuelvan este nuevo incidente, el proceso técnico para dar inicio a la subasta pública de los bienes inmuebles retenidos podría avanzar en paralelo en las próximas semanas.
Deja una respuesta